Descargar AudioLibro Confidencialidad de los Datos Empresariales en Poder de las Admin Istraciones Publicas (Union Europea y España) de Martin Maria Razquin Lizarraga
Ficha completa del audiolibro
Nombre del audiolibro: Confidencialidad de los Datos Empresariales en Poder de las Admin Istraciones Publicas (Union Europea y España)
Valorado con una puntuación de 4.4 de un máximo de 5
Fecha: 4/9/2018
Duración: 4 horas con 57 minutos (200 MB)
Fecha creación del audiolibro: 13/06/2018
Puedes escuchar el audiolibro en estos formatos: WMA - Apple Lossless - MP3 - MPEG4 - MPEG-4 ALS - FLAC - WAV (compresión LHA - DEB - RAR - AZW3 - ZIP)
Incluye un resumen PDF de 48 páginas
Duración del resumen (audio): 35 minutos (24 MB)
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Encuadernación del libro físico: Tapa Blanda
Descripción o resumen: La realidad nos muestra la ingente cantidad de datos empresariales que tienen las Administraciones Públicas. En un momento en que el principio de transparencia cobra nuevos y amplios bríos, se hace necesaria una reflexión que lo acote en sus justos límites a fin de no desconocer otros derechos legítimos, en este caso, la protección de los datos empresariales. Por tanto, es preciso encontrar el justo equilibrio entre transparencia y confidencialidad. Se ha pretendido construir una teoría general del derecho a la confidencialidad de las empresas respecto de sus datos en orden a proteger la libre y leal competencia, poniendo sus cimientos en el Derecho originario y derivado de la Unión Europea y, asimismo, en la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Se trata de un derecho autónomo y general y, en consecuencia, aplicable en todos los ámbitos, como nos lo muestra la normativa y jurisprudencia europea y española. Aquí se analiza el ámbito del Derecho Administrativo, haciéndose especial hincapié en algunos sectores de intervención administrativa como la defensa de la competencia, la contratación pública y el medio ambiente. La confidencialidad de los datos empresariales constituye un derecho por cuya efectividad las Administraciones Públicas deben velar y los Tribunales garantizar su protección.